Entrega la CMDH iniciativa para reconocer objeción de conciencia en el proyecto de la constitución de la CDMX

FOTO: Jorge Antonio Bautista, consejero de ka CMDH, y los diputados Marcela Lagarde, Juan Ayala, Margarita Valdes, Lol Kin Castañeda y Cecilia Romero.

 

Boletín de prensa 04/16

Propone hacer una revisión a los diversos ordenamiento internacionales que reconocen este derecho

 

A partir de la experiencia de varios países, así como de lo contenido en diferentes declaraciones y convenciones, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) considera indispensable que la Constitución Política de la Ciudad de México reconozca de manera expresa el derecho a la objeción de conciencia.

Por tal motivo la CMDH entregó a la Asamblea Constituyente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del Artículo 10  del Proyecto de Constitución de la Ciudad de México, para que el referido artículo quede redactado de la siguiente forma:

 

“Toda persona tiene derecho a la autodeterminación, a la libertad de pensamiento, a la objeción de conciencia, al libre desarrollo de su personalidad, a disfrutar de su tiempo libre, al ocio, a la recreación, a la elección de su identidad social y cultural, a disponer de su propio cuerpo y a manifestar públicamente sus afectos.”

 

Jorge Antonio Bautista Mosqueira, consejero de la CMDH, consideró que en ese párrafo puede agregarse el derecho a la objeción de conciencia, ya que es la parte del proyecto en donde se habla de autodeterminación y libertad de pensamiento.

 

Por lo anterior, dijo, se sometió ante la Comisión de Carta de Derechos dicha iniciativa de reforma.

 

En su exposición recalcó que la objeción de conciencia es un derecho inalienable a la naturaleza propia de la persona, y que por ende no puede estar sujeto a su otorgamiento como privilegio ciudadano ganado por una mayoría democrática; sino más bien como una labor del Estado mismo del reconocimiento de un derecho que es anterior a este.

 

“Si queremos una Constitución Política moderna es necesario que se reconozca este derecho humano”, enfatizó.

 

Es en razón de ello que conviene hacer una revisión a los diversos ordenamientos internacionales que reconocen este derecho, y que además han sido ratificados por el Estado Mexicano, dijo Bautista.

 

Esta figura (objeción de conciencia) se encuentra reconocida como derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 18 establece:

 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.”

 

De acuerdo con la Resolución 47 de 1987, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Objeción de Conciencia se encuentra reconocida como parte de la libertad de pensamiento. Es en ese mismo sentido, que el Comité de Derechos Humanos, encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones generadas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su observación No. 22 emite comentarios generales que declaran legítima la interpretación realizada por la Comisión de Derechos Humanos. Aunado a ello, dicha Comisión emitió las Resoluciones No. 77 (1998), No. 45 (2002) y No. 35 (2004) en donde recomienda a los países que aún cuentan con conscripción obligatoria  el introducir el derecho de objeción de conciencia en su legislación.

 

Bautista Mosqueira indicó que dentro del marco de legislaciones extranjeras se tienen en consideración los antecedentes de países como Alemania, Austria, España, Paraguay, Brasil, Ecuador, Venezuela, Portugal, Chipre, Suecia, Colombia y Chile.

 

Afirmó que el derecho a la objeción de conciencia, si bien no se menciona expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí puede deducirse mediante una interpretación sistemática y a partir del principio pro persona, mencionado en el artículo primero, párrafo segundo de la propia Carta Magna.

 

 

 

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