Vulneran legisladores la proporcionalidad de las penas en la LGMDE: Eugenia Diez

Una de las violaciones a los derechos humanos que contienen los delitos electorales es la proporcionalidad de las penas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), el cual ha vuelto ser vulnerada por el legislador, afirmó Eugenia Diez Hidalgo.

La presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos A. C. (CMDH) indicó que esta trasgresión se puede observar en el artículo 7 que contiene 21 fracciones a las cuales se les aplica una misma pena, cuando en dichas fracciones se establecen delitos totalmente distintos, no solo en la conducta que realizan sino en el resultado, lo que daría pauta para que se aplicaran penas diversas.

“Lo que se traduce en la no diferenciación de los tipos penales, ni en los sujetos activos de un delito electoral”, enfatizó.

Durante su participación en el Seminario "Elecciones 2015 en México. Hacia el 7 de junio", organizado por                Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, IDEA Internacional y la Oficina del Abogado General de la UNAM, expuso que la CMDH después de un estudio y análisis de la nueva LGMDE considera que el legislador desafortunadamente no se dio el tiempo para poder elaborar una ley que esté considerando las necesidades que vive el país hoy en día.

Esto, dijo,  se puede corroborar con el hecho de que la ley prácticamente es una copia de lo que se establecía en el Título Vigésimo Cuarto del Libro Segundo del Código Penal Federal denominado “Delitos Electorales y en Materia de Registro Nacional de Ciudadanos”.

Acompañada por el investigador de la UNAM, Eduardo de Jesús Castellanos y   Leticia Bonifaz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mencionó queve con preocupación que se castiguen conductas ambiguas que puedan prestarse a abusos del poder punitivo del Estado, como lo muestra en el Artículo 8, fracción II que dice que se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral.

Consideró que la LGMDE en primer lugar debe diferenciar los distintos niveles de los funcionarios electorales, ya que hay una amplia gama de funcionarios que trabajan en el Instituto Nacional Electoral, y con este tipo penal antes enunciado viola los derechos humanos.

 Propuso que, al igual que la fracción II del artículo 8, esta conducta puede ser combatida por el Estado a través del Derecho Administrativo, imponiendo una sanción a los servidores públicos que en sus horarios laborales lo dediquen a las campañas y  no hacer uso del Derecho Penal, pues el hacerlo lo que denota es una violación al principio de intervención mínima de dicha rama del derecho y una incapacidad del Estado para gobernar.

Recordó que el Comité Técnico de Evaluación del Proyecto de Apoyo para la Observación Electoral, aprobó dos proyectos de la CMDH para la observación electoral del presente año.

Uno que está relacionado con la Justicia Penal Electoral de 2015, comprendida en el marco de la promulgación de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el cual tiene como objetivo el análisis del funcionamiento y desempeño de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE); y el otro que tiene como finalidad evaluar la reforma político-electoral del año 2014 y definir si su aplicación coadyuva al fortalecimiento de la democracia en México; así como la implementación de dichas reformas por las autoridades electorales (INE, TEPJF y Organismos Públicos Locales OPLES).

Diez Hidalgo dijo que el trabajo de la CMDH relacionado con los derechos políticos no ha cesado con la observación de comicios federales que ha venido realizando desde las elecciones federales de 1994, sino que ha mantenido una constante participación en la difusión del respeto a los mismos.

En el seminario se examinó y debatió los rasgos sobresalientes, en términos de participación y remoción de obstáculos, incidencias, desafíos y medidas institucionales adoptadas en relación con los procesos electorales mexicanos de 2015, de cara a la jornada electoral del 7 de junio, especialmente en torno a los tópicos de Género y diversidad; factores de riesgo; financiamiento y fiscalización, y justicia electoral.

Visto 1422 veces Modificado por última vez en Modificado por última vez en Julio 21 2015

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