Lleva el pueblo venezolano tres años exigiendo respeto a sus derechos humanos

En los últimos años se ha visto cómo Venezuela se sumerge, de forma escalada, en un conflicto que toca todos los ámbitos de su república. La que fuese una nación ejemplar en cuanto a democracia y desarrollo económico, hoy vive una profunda crisis no solo en el aspecto político, sino también económico y social.

Es precisamente por estas dificultades que el pueblo venezolano ha alzado su voz en numerosas oportunidades, durante al menos los últimos tres años, exigiendo soluciones que garanticen los derechos más básicos del ser humano: el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, y a poder expresarse y opinar libremente.

En lo que va del año 2017 se han incrementado las protestas que han tenido origen, tanto en el clamor espontaneo, como en el llamado de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro a ejercer presión para conseguir una salida pronta y democrática a la crisis. En 2016 ya la oposición habría planteado a la amplia mayoría (más de 80% de la población) que hoy rechaza la continuidad del gobierno actual, la activación de un referéndum revocatorio, contemplado en la Carta Magna venezolana, para que fuese por medio del sufragio que se decidiera el futuro político del país.

En ese escenario, el poder electoral -de claros y expresos afectos al ejecutivo- le puso todas las trabas “administrativas” al proceso para que fuese imposible de realizar, pese a que la ciudadanía había salido masivamente a manifestar mediante el cumplimiento del requisito constitucional de recolección de firmas, su voluntad de activar el procedimiento establecido en la constitución. Es clara la casi nula separación de los poderes en Venezuela, por ende, el ciudadano no tuvo oportunidad de sufragar por su futuro.

A inicios del presente año, por órdenes del presidente Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia traspasó las competencias de un Parlamento Nacional de mayoría opositora al poder ejecutivo y al mismo poder judicial, perpetrando una ruptura del orden constitucional que desató en el último mes, no solo la masiva movilización de la población exigiendo elecciones generales, apertura del canal humanitario para recibir alimentos y medicinas del exterior, liberación de presos políticos y reconocimiento de la Asamblea Nacional, sino también una represión exacerbada que ha menoscabado aún más, a los ya disminuidos derechos civiles y políticos en Venezuela.

Desde que el 1 de abril se desatara esta nueva ola de protestas, hasta la fecha, se han producido, según la ONG Foro Penal Venezolano, más de 1,500 arrestos de opositores al gobierno, incrementando la lista de 165 presos de conciencia, 37 asesinatos a manifestantes, las fuerzas de seguridad del estado y grupos de civiles armados han disparado de forma indiscriminada contra las movilizaciones, y han sido presos y secuestrados temporalmente al menos una veintena de periodistas.

La tortura sistemática de detenidos, los allanamientos sin órdenes de organismos competentes, la prohibición a los canales de televisión de cubrir y  transmitir información de manifestaciones y mensajes disidentes, el procesamiento por tribunales militares de civiles detenidos, y la continua negativa de realizar elecciones en el país, se suman a la lista de derechos vulnerados en Venezuela en los últimos días.

Ante la exigencia legítima del pueblo venezolano, la respuesta del gobierno de Maduro ha sido distinta a la que ofrecería un régimen respetuoso de los derechos, apegado a los valores democráticos y garante de la libertad. 

Visto 425 veces Modificado por última vez en Modificado por última vez en Mayo 15 2017

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