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Viernes, 01 Noviembre 2013 15:03

Ley con dedicatoria no es justicia

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01 de noviembre de 2013

093038_Gpe_mini.jpgJosé G. Muñoz / Comité de Comunicación y Difusión CMDH

Las modificaciones al Código Penal Federal que hiciera esta semana el Congreso de la Unión, donde se faculta al Presidente de la República a conceder el indulto a un procesado, --lo que en idioma entendible no es otra cosa que quitarle las trabas burocráticas a la figura del indulto que ya existía tanto en el Código Penal como en la Constitución— merecen indudablemente el reconocimiento de haber realizado un esfuerzo por hacer justicia al profesor indígena Roberto Patishtán,

pero ni aun así se debe dejar de señalar que fue una ley con dedicatoria, calculada como uno de los grandes golpes propagandísticos que suelen dar los gobiernos de cualquier signo en México. Hacerle justicia a un indígena a quien se le violó el debido proceso no es solucionar un problema de injusticia casi generalizado que prevalece en el sistema de impartición de justicia en México.

Va un ejemplo: en 2012, publica en portal informativo de CNN, en una nota de Lizbeth Padilla Fajardo, “saber en español solo las palabras ‘sí’ o “no” les costó a 8,502 indígenas ser encarcelados injustamente durante ese año, al no saber defenderse ante un Ministerio Público, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). “Porque no tuvieron un traductor en su momento y nada más se dedican a decir ‘sí’ o ‘no’ en su momento y son juzgados porque dieron su declaración y dijeron que sí, se los llevan”, explica Nubia Mayorga, titular del CDI. (…) otros no salían por no tener el dinero para pagar la fianza “de entre 5,000 y 12,000 pesos’, comenta la funcionaria”.

Las leyes con dedicatoria también reciben el calificativo de “post facto” y es un fenómeno que caracteriza a los regímenes dictatoriales. Incluso en Estados Unidos se advertía sobre el fenómeno y se impusieron candados en la Constitución de 1787 para inhibir esa práctica.

“Fue probablemente de las poquísimas garantías que se reconocieron en ese documento que paradójicamente se ocupó exclusivamente de la organización del poder federal y no de garantías constitucionales. Estas últimas debieron esperar unos años más tarde cuando se aprobó la Declaración de Derechos con sus primeras diez enmiendas y luego la Enmienda XIV sobre el debido proceso”, dice un editorial del portal Universo, publicado el 9 de mayo de 2006, que agrega: “Las leyes con dedicatoria son odiosas e inconstitucionales porque, por encima de todo, violentan el espíritu de una democracia. A través de ellas un ciudadano o un grupo de ellos son singularizados, suprimiéndoles sus libertades o propiedades, arrasando sus legítimas expectativas y derechos adquiridos con anterioridad…”.

 http://www.eluniverso.com/2006/05/09/0001/21/6D77215A72FE47BBBAE166636D58FDBB.html

Por lo demás, fue acto de justicia incompleto: a una persona que se le sentencia a 60 años de prisión, de los cuales lleva 13 encerrada, luego se le libera por salvar imagen (las movilizaciones sociales para su liberación se puede contar por decenas y la repercusión en medios se puede calificar de enorme), sin tan siquiera un “usted disculpe” no se le puede denominar un “acto de justicia”, como lo llaman muchos medios, porque está ausente el principio de responsabilidad por parte del Estado, cuando se reconoce haber cometido una injusticia con un ciudadano, que merecía no sólo un  “usted disculpe” clásico, sino una fuerte indemnización por los daños infligidos.

Y en esta euforia de aplauso fácil está otro pendiente: el 12 de junio del año 2000 fueron emboscados varios policías en Chavajeval y San Pedro Nixtalucum, del municipio El Bosque y cercanos al municipio autónomo de San Andrés Sakamch'en de los Pobres, Chiapas, en los que perdieron la vida siete de ellos, sin que hasta ahora se haya visto un esfuerzo por develar la verdad. La prensa de “izquierda” especula que fueron asesinados por paramilitares patrocinados por caciques y con anuencia del poder político, pero la respuesta oficial es la inacción y el silencio. Lo ideal es que con la libertad de Patishtán se presenten a los asesinos de policías.

José González Morfín, vicepresidente de la Cámara de Diputados, afirmó que todo el Congreso de la Unión debe celebrar la liberación del indígena tzotzil, Alberto Patishtán Gómez. Nadie en su sano juicio condenaría el hecho, sino que éste es incompleto.

Si se legisla sobre la responsabilidad del Estado en lo general, y los jueces en lo particular, para evitar que la discrecionalidad de los doctores de la ley atropellen los derechos humanos de los mexicanos, entonces sí que estaremos frente a un “acto de justicia”.

Es hora que los protagonistas de Presunto Culpable, tanto la víctima de la injusticia como el director de la película, viven un thriller donde el terror es la contante, por la demanda que uno de los testigos puso en contra del productor, al que le exigen varios miles de millones de dólares. Queremos ver si los jueces consumen alguna venganza por haber desnudado de manera tan cruda las crueldades del sistema de impartición de justicia.

No sobra insistir que los legisladores centren su atención en los jueces y sus criterios para impartir justicia y crear leyes que se apliquen con severidad para evitar que el reino de la impunidad se enseñoree sobre los mexicanos.

*Los artículos son exclusiva responsabilidad del autor, y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos A.C.

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